10 extractos del libro 'La revolución española vista por una republicana' de Clara Campoamor

Al haberse impuesto definitivamente los métodos anarquistas, desde la mitad de mayo hasta el inicio de la guerra civil, Madrid vivió una situación caótica: los obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revolver. Además, incluso en pleno día y hasta en el centro de la ciudad, los pequeños comercios eran saqueados y se llevaban el género amenazando con revólver a los comerciantes que protestaban.

En otro orden de cosas, se recuerda lo sucedido al día siguiente del triunfo del Frente Popular. El gobierno, espantado, temiéndose una revuelta, se apresuró en transferir el poder a los vencedores incluso antes de que el Parlamento se hubiese reunido. Los vencedores, no menos asustados, se saltaron las etapas y convocaron la Comisión permanente de las Cortes para solicitar el acuerdo de amnistía para los sublevados de Asturias de 1934. Al mismo tiempo, y por decreto, el nuevo gobierno devolvía a los antiguos sublevados los puestos que ocupaban anteriormente, tanto en la administración como en las empresas privadas. 
Esperaba de esta forma detener la furia revolucionaria desatada por sus propios aliados.

Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de «fascistas». Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del Sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional.
Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles.

Asesinato de Calvo Sotelo
Los guardias de asalto traían con ellos una orden de arresto contra el diputado, dada por la Dirección de Seguridad, de la que nunca se podrá comprobar la autenticidad. El diputado derechista, que era un jurista, se negó primero a entregarse invocando la inmunidad parlamentaria y, luego, en un gesto que le costaría caro, aceptó seguir aquellos guardias «poniendo su confianza en el honor de un oficial de la Guardia Civil» que les acompañaba. Poco después el cadáver de Calvo Sotelo, con una bala en la cabeza, fue abandonado en el depósito del cementerio municipal por los mismos guardias de asalto que presentaban aquella acción como si de un acto de servicio se tratara. 
La opinión pública quedó aterrada. El golpe no sólo había alcanzado al diputado de la derecha, también había matado la confianza y el respeto que todo ciudadano tiene o debe tener por la fuerza pública colocada bajo el control del gobierno.

Asesinato de Calvo Sotelo
El gobierno no tenía más que una salida si quería lavarse de la imputación de crimen de Estado que se le hacía además de restablecer la disciplina entre los guardias de asalto: tenía que aplicar rápidamente las sanciones que el crimen exigía. 
Ni siquiera lo intentó. Temiendo un motín de los guardias de asalto, el gobierno permaneció indeciso e inactivo. Pasaron los días. Madrid se escandalizaba de ver a Moreno, el teniente de los guardias de asalto que asesinaron a Calvo Sotelo, así como a Condés, paseándose libremente por las calles.

En la retaguardia reinaba el terror desde el principio de la lucha. Patrullas de milicianos comenzaron a practicar detenciones en domicilios, o en la calle, en cualquier lugar donde pensaran encontrar elementos enemigos. Los milicianos, al margen de toda legalidad, se erigían en jueces populares y hacían seguir aquellos arrestos de fusilamientos. Pronto se hizo corriente en retaguardia una frase trágica: se llevaba a alguien «a dar un paseo». Pasear a todo sospechoso o todo enemigo personal se convirtió en el apasionado deporte de los milicianos de retaguardia.

El número de ejecuciones efectuadas en Madrid por las patrullas de milicianos despertó también la inquietud de partidos políticos que por lo menos intentaron organizar las matanzas —admitamos en su favor que con la esperanza de reducirlas—. Un tribunal revolucionario, especie de «tcheka» extra-legal, compuesto por miembros de todos los partidos integrantes del Frente Popular, se constituyó en los sótanos del Círculo de Bellas Artes de la calle de Alcalá, edificio que enarbolaba la bandera rojinegra de los anarquistas. Los detenidos eran conducidos ante ese tribunal. Juzgados al cabo de unas horas eran luego fusilados.

En los archivos de la Dirección de Seguridad se encuentra una foto donde se ve el cadáver del Sr. Melquiades Álvarez, exhibiendo en el cuello una enorme herida provocada por un bayonetazo. El cuerpo de Rico Avello se encontraba echado a propósito sobre un montón de cadáveres destinados a la fosa común. 
Durante esos mismos días, un tren que iba a Madrid llevando doscientos prisioneros y rehenes desde Alcalá de Henares y Guadalajara fue detenido por los milicianos en la estación de Vallecas y los prisioneros fueron fusilados en el acto.

En Barcelona, el Sr. España, miembro de la Generalidad, desafió el frenesí anarquista poniendo en peligro su vida, y proporcionó pasaportes colectivos a varios grupos amenazados, como los monjes de Montserrat. Pero los comités anarquistas, sedientos de sangre, se dieron cuenta de ello y exigieron visar todos los pasaportes con su propio sello. El Sr. España, amenazado, ha tenido que dejar Barcelona y refugiarse en Francia.

Dejé Madrid a principios de septiembre. La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales —o quizás sobre todo para ellos— me impusieron esa prudente medida...