10 extractos de 'El libro negro del ejército español' de Luis Gonzalo Segura

En mi experiencia como militar he vivido, y no soy el único, experiencias similares. Vales de combustible que nos eran entregados para la celebración del patrón del arma de Transmisiones (San Fernando, 30 de mayo) con «un vino» (piscolabis podría ser una definición más ajustada a la realidad, pues además de beber también se comía). Era el propio teniente coronel el que repartía vales de combustible entre todos los jefes de CECOM (Centro de Comunicaciones), yo era uno de ellos, para sufragar este ágape. No era el único momento del año, también sucedía durante las fechas navideñas o cuando existía necesidad de realizar alguna compra para la unidad o había que compensar los traslados del personal desde Fuencarral (Madrid) a Pozuelo de Alarcón (Madrid). Cuando los vales de combustible dejaron de tener vigencia, se pasó a la tarjeta de combustible y ya puedo asegurar que el día que se analicen estas tarjetas se descubrirá que las furgonetas Citroën Berlingo deben de tener consumos de en torno a los 100 litros cada 100 kilómetros, porque con ellas se pagaba todo tipo de necesidad. Y hay mucho más. 

¡Y DESAPARECIERON CUATRO MILLONES DE LITROS DE GASOIL! 
Puede parecer increíble, pero esta historia es real. En 1995 desaparecieron cuatro millones de litros de gasoil en la embarcación Marqués de la Ensenada. Este combustible se trasladó desde Las Palmas hasta A Graña, y en el camino se perdió. La investigación dejó al descubierto que la justicia militar es militar pero no es justicia, como ya hemos visto, ya que solo se condenó a una persona, un civil. A nadie se le escapa que hacer desaparecer cuatro millones de litros de una embarcación militar, y ello teniendo en cuenta que fuese la primera vez que ocurriese, debería suponer la implicación y conocimiento de gran cantidad de militares y, muy posiblemente, civiles. Ninguno fue condenado y el caso se cerró como suele ser costumbre.

Condenado a un año y medio de cárcel un soldado por robar un uniforme 
Vayamos con la condena, mencionada en varias ocasiones, a un año y medio de cárcel a un soldado por robar un uniforme y eso que quedó demostrado que existía intención de devolver el uniforme. La historia es la siguiente: el soldado forzó una taquilla para coger un uniforme, pues había perdido el suyo y tenía que pasar una revista (inspección para comprobar el material). No forzó esta taquilla en la oscuridad, sino que lo hizo delante de más personas, lo que deja bastante en evidencia que la intención del soldado era devolverlo. Es decir, una acción que, sin ser digna de alabanza, no constituye una sustracción realizada con alevosía y nocturnidad o con la intención que suele encontrarse detrás de los robos y las sustracciones, sino que se enmarca en una acción que, aun siendo errónea, tiene como único fin no recibir una sanción o reprensión por la pérdida de un uniforme y que en ningún momento pretende apropiarse del mencionado uniforme. Bien, pues esta acción para la justicia militar supone un año y medio de cárcel mientras que, como hemos comentado antes, el oficial que roba 28.550 euros sufre la misma condena o el teniente coronel que se gasta de forma indebida 92.000 euros en obras no autorizadas para su vivienda oficial termina siendo exonerado por no ser considerada su acción delictiva, sino una acción disciplinaria. Obviamente, en uno de los casos el implicado es un soldado y en los otros dos se trata de un teniente coronel. Destacar que el soldado sí fue expulsado.

Zaida quería el retiro y la pensión. Jamás había abierto la boca, aun teniendo mucha más razón y muchos más motivos para hacerlo. Más de tres años de negativas a las múltiples propuestas que, me consta, recibió para aparecer en medios de comunicación quedaron atrás porque el dinero es el dinero y, efectivamente, poco más de dos meses después de su denuncia televisiva, Zaida tenía el retiro y la pensión. Y lo conseguía mucho antes que muchos otros compañeros, lo que no quiere decir que no lo mereciera por todo lo sufrido. 
En segundo lugar, Zaida decidió entrar en política, lo que en principio no tiene nada de negativo, pero lo hizo en el PSOE. No eligió a Podemos, Izquierda Unida o Ciudadanos, partidos que nada habían tenido que ver en todo lo que había sufrido, ni tan siquiera eligió a UPyD, partido político que la había respaldado en todo momento. Por el contrario, el partido socialista no es ni más ni menos que el partido que, como hemos visto, ascendió a su acosador sexual, pudiendo no hacerlo e incluso retrotraerlo. No hizo ni una cosa ni la otra. Pero, es más, el caso Zaida llevaba en los medios de comunicación (a nivel nacional), como bien se puede comprobar, al menos desde 2012, y no fue hasta después de su intervención en televisión (marzo de 2015) que el PSOE mostró el más mínimo interés en ella. Por tanto, el PSOE ascendió al acosador sexual de Zaida y durante más de tres años estuvo ignorando su caso sin prestarle el más mínimo apoyo aun cuando estaba en la oposición. Por si ello fuera poco, Suárez Valdés, el abogado de Zaida Cantera, reputado jurista especializado en justicia militar, denunció ante los medios en marzo de 2015 que Carme Chacón fue culpable de lo que le sucedió. ¡Su propio abogado! 
El salto a la política, por si fuera poco, fue acompañado de polémica. Aunque El País, el periódico de cámara del PSOE, fue preparando el terreno un mes antes de su incorporación con un reportaje digno de la revista Hola en el que se podía ver a Zaida con su marido en situación distendida y hablando del futuro y de tener hijos, que el fichaje de Zaida se hiciera de forma conjunta al de su amiga Irene Lozano, que tanto había atacado al PPSOE («PSOE y PP tienen una “mezcla de Suiza y Sicilia” y usan “métodos mafiosos”») dificultó todavía más lo que era un triple salto mortal. 
Tampoco ayudó que, aunque Zaida estuviera cobrando la pensión máxima (algo más de 2.500 euros), su incorporación a la política supusiera un incremento salarial más que considerable, al que por supuesto Zaida no estaba dispuesta a renunciar. Dado que tenía una cuantiosa pensión, podría haber entrado en política renunciando a su salario o donándolo de alguna manera. No lo hizo.

Por otro lado, desde teniente coronel hasta general, los ascensos dependen de una junta de evaluación y se basan en elementos completamente subjetivos, que jamás tienen en cuenta la meritocracia. Es este régimen de ascensos el que impide que un mando subversivo avance y, más todavía, que llegue a puestos altos militares. Es más, en muchos casos, llegar a estos puestos ni siquiera depende de las calificaciones, sino también de las vacantes que se otorguen a lo largo de la carrera militar, las cuales, ya desde capitán, son por libre designación, por lo que aquellas vacantes que más puntuación y prestigio social otorgan terminan en personas adecuadas para el sistema.

Hablando un día con un capitán de la antigua escala superior de oficiales me contaba que aquellos que quieren ascender saben que tienen dos fórmulas para hacerlo: La ley del Mejillón o la Ley de la Octava Promoción. La ley del Mejillón consiste en adherirse a un mando superior que se considere que puede tener una gran carrera militar (como lo hizo José Luis Goberna Caride con el antiguo JEME Fulgencio Coll Bucher), lo que hará que la carrera militar del mejillón también sea excelsa. Esta teoría, más que un parasitismo, es una simbiosis, pues es la fórmula con la que los mandos consiguen una fidelidad inquebrantable. Así, los mandos ascienden realmente por camarillas, dado que cuando el jefe de la tribu llega a coronel, nombra tenientes coroneles, y comandantes a sus hombres de confianza, que fueron sus tenientes cuando era capitán y sus capitanes cuando era comandante, etc.; y cuando llega a general les convierte en coroneles, y cuando se retira intenta que alguien de su camada sea el que le suceda como general o, en su defecto, siempre intenta influir hasta el final de las carreras de sus hombres de confianza. 
La teoría de la octava promoción consiste en entablar una profunda amistad con un militar ocho promociones por encima de la del militar en cuestión, puesto que son los militares que se encuentran ocho promociones por encima de una promoción los encargados de calificar a los militares durante toda su carrera o, al menos, durante los momentos más importantes de la misma.

Para finalizar, las condecoraciones son usadas como elementos de reafirmación positiva que, además, tienen un considerable valor en determinados ascensos. ¿Qué explicación tiene, tal como denunciaba la AUGC en 2016, que apenas un magro 3% de guardias civiles (empleo equivalente a soldado) reciba medallas, cuando constituyen el 80% del total de la Benemérita? Un porcentaje que asciende desde el 3% al 8% en el caso de los suboficiales (equivalentes a suboficiales y oficiales medios en las Fuerzas Armadas), al 16% en la escala de oficiales y al 27% en la escala superior de oficiales (equivalentes ambas a oficiales altos y oficiales generales); proporciones similares a las que podemos hallar en las Fuerzas Armadas. Un ejemplo llamativo por lo que a la concesión de condecoraciones respecta es que un teniente coronel de la Guardia Civil vinculado al clan de los gallegos, Eduardo Martínez Viqueira, sea el guardia civil que más condecoraciones haya recibido: tres cruces de plata, tres cruces blancas, una medalla al mérito civil y otra al mérito militar. Pero ello no ha sido a lo largo de toda su carrera, sino entre 2010 y 2016, y ocupando un puesto burocrático. Vamos, sin salir de la oficina.

La kafarna es la definición que se da a todo lo que dentro de las fuerzas armadas se considera «defectuoso» y, ni que decir tiene, todo el sistema presiona de forma inmisericorde para intentar eliminar estos «desechos» del mundo militar. Porque, como bien alegan muchos oficiales «recios», el Ejército no es una oenegé. Bajo esa justificación, no ser una oenegé, lo que se esconde es una cultura cruel en la que se considera que todo militar que se encuentre de baja, enfermo o herido, incluso fallecido, carece de utilidad para las fuerzas armadas. Es más, hay que intentar eliminarlo lo antes posible, extirparlo con rapidez. Por ello, surgen los códigos rojos, acciones disciplinarias de los propios compañeros para eliminar a los más débiles, por eso los mandos expulsan en los periodos de formación a todos esos que creen que son desechos, aunque en muchos casos no lo sean, y por eso la cúpula militar y la oficialidad y suboficialidad presionan a la tropa para que sean ellos mismos los que purguen a la kafarna. Con frases como «si él o ella (el enfermo o la enferma, el/la militar que está de baja médica o rebajado para el servicio) no hace la guardia, tú harás más guardias».

Sergio Braulio González sufrió una rara enfermedad a consecuencia de una lesión de rodilla durante el entrenamiento físico militar. En principio, le diagnosticaron esguince de rodilla y rotura de menisco, pero tuvo que operarse cuatro veces entre 2006 y 2012 hasta que le fue diagnosticada la algodistrofia, una enfermedad muy dolorosa, debilitante y difícil de curar. Esta enfermedad genera un dolor tipo quemadura o descarga, lo que cualquiera puede imaginar lo que supone. El Tribunal Médico Militar le otorgó un 2% de discapacidad y le consideraron no destinable. Se trata de una auténtica aberración jurídica y médica. Jurídica porque cualquier militar (y casi cualquier persona) tendría un 2% de discapacidad en alguna parte de su cuerpo, lo que en absoluto supone impedimento para el desempeño de función alguna. Por poner un ejemplo, el atleta español Bruno Hortelano, que sufrió un accidente de tráfico, sufrirá más de un 2% de discapacidad y, según distintos expertos médicos, ello no le impedirá competir en la alta competición. Médica porque ese 2% del Tribunal Médico Militar se convirtió en un 59% para la Seguridad Social, tribunal oficial y en absoluto laxo en esta materia. El problema fue que la Seguridad Social, organismo que reconocía la discapacidad, no era competente para asumir la pensión y el ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), organismo competente para pagar la pensión, no reconocía la discapacidad. Entre una situación y otra, Sergio, casi inválido, tuvo que vivir de la caridad, de parte de los ejemplares de mi primera novela, Un paso al frente (2014), vendidos (5.000 ejemplares) para actos benéficos. Finalmente, el 18 de junio de 2015, después de dos años de lucha, los tribunales le reconocieron un 40% de invalidez y su derecho a una pensión.

IVÁN RAMOS, EL ACCIDENTE CASI MORTAL QUE NO MERECÍA UNA PENSIÓN 
Se rompió diecisiete huesos en Afganistán, por lo que se tuvo que someter a once operaciones para la reconstrucción de espalda, el brazo y el pie. No solo eso, también tuvo que adaptarse a la pérdida del bazo y de un riñón. La historia de Iván Ramos es terrible y a la vez reveladora de la infamia de la cúpula militar, los jurídicos y médicos militares y los políticos. El Tribunal Médico Militar le concedió el 24% de discapacidad, lo justo para que no cobrase pensión. No tuvieron en cuenta que, sin una pensión, sería una persona abocada a la indigencia. Dio lo mismo. Tampoco tuvieron en cuenta que Iván Ramos pudo morir en el accidente que tuvo en Afganistán, dado que el blindado Lince en el que viajaba (que ya hemos comentado que es un vehículo mortal) sufrió un accidente el 13 de abril de 2011 e Iván, en el puesto de tirador, sobrevivió de milagro. Es decir, la cúpula militar permite con sus negligencias que Iván sufra un accidente que le deja inválido de por vida y, en lugar de otorgarle una pensión, se la escamotean con un tejido complejo urdido para tal efecto. Vergonzoso. Evidentemente, la Comunidad de Madrid reconoció el 65% de invalidez de Iván Ramos. Tras salir en los medios de comunicación, el Hospital Militar Gómez Ulla subió su valoración hasta el 42%, lo que solo significaba una nueva trampa, dado que el empeoramiento de su salud ya había supuesto el aumento del 65 al 75% de invalidez en la Comunidad de Madrid. Ese 42% seguía siendo insuficiente a tenor de los cuidados que necesitará de por vida, dado que la pensión máxima solo se otorga con un porcentaje superior al 50%.